Concejales y gerencia de EPM niegan privatización en Medellín
En una sesión plenaria del Concejo de Medellín, los corporados y la comunidad analizaron los ajustes propuestos a la estructura organizacional del Grupo EPM, orientados a fortalecer su viabilidad operativa y estratégica hacia 2035. El debate también abordó los procesos de desinversión y venta de activos en el exterior, buscando claridad sobre los alcances financieros, técnicos y jurídicos de estas decisiones.
Durante el encuentro, representantes ciudadanos, concejales y la alta dirección de EPM coincidieron en la importancia de preservar la naturaleza pública de la empresa, considerada el principal conglomerado de servicios públicos del país y una de las organizaciones más sólidas de América Latina.
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El ciudadano Carlos Arturo Posada, en representación de la comunidad, manifestó preocupación por la posibilidad de que la actual estructura de contratación conduzca a una privatización encubierta, al señalar que más del 40 % de los trabajadores de EPM son contratistas. Insistió en mantener a la empresa como patrimonio de los medellinenses y en garantizar que sus beneficios sigan financiando proyectos sociales.
Por su parte, los concejales destacaron que no existen decisiones de venta ni intenciones de privatización, y que los procesos de desinversión —como el de TICSA, iniciado en 2021— responden a lineamientos legales y principios de transparencia. Enfatizaron que el debate no debe reducirse a una discusión política, sino técnica y de responsabilidad institucional.
Posición de la Gerencia General
El gerente general de EPM, John Maya Salazar, explicó que la reestructuración tiene como propósito modernizar la empresa sin perder su esencia pública, separando los roles de dirección y operación para fortalecer la eficiencia y la gobernanza corporativa.
Detalló que el grupo cuenta actualmente con 47 empresas en seis países, más de 17.000 empleados, 16.000 proveedores y contratistas, y más de 26 millones de personas beneficiadas en Latinoamérica.
Maya señaló que entre 2015 y 2023 los costos operativos (AOM) aumentaron un 15 %, lo que hace necesaria una reorganización administrativa enfocada en eficiencia, sostenibilidad y cobertura universal.
Reiteró que no hay procesos de privatización en curso, y que la venta de TICSA fue una decisión de carácter corporativo y legal dentro de las normas internacionales.
Hacia una EPM moderna y sostenible
Los concejales resaltaron la necesidad de una EPM moderna, eficiente y sostenible, con procesos más ágiles que fortalezcan la generación de excedentes para Medellín. Respaldaron la creación del Centro de Servicios Compartidos como herramienta para optimizar recursos y profesionalizar la gestión sin afectar los derechos laborales.
Pidieron, además, mayor transparencia informativa en futuras decisiones de desinversión, reconociendo que aunque la ley no obliga a la empresa a solicitar autorización al Concejo, sería un gesto de confianza hacia la ciudadanía.
El Concejo de Medellín y la gerencia coincidieron en que EPM debe seguir siendo pública, transparente y rentable, sin ceder su control estratégico.
La reestructuración busca garantizar que la empresa mantenga su liderazgo en servicios públicos, cumpla los objetivos del Plan Estratégico 2035 y continúe aportando al desarrollo social y económico de Medellín.
