Gobierno frena proyecto de ley que imponía millonarias sanciones por usar Uber o DiDi
El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte radicaron la iniciativa el pasado 20 de enero con el propósito de fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control frente al transporte informal e ilegal. Sin embargo, diversos sectores interpretaron el alcance del articulado como una medida que limitaría de forma severa la operación de aplicaciones como Uber, DiDi y Yango.
El proyecto incluía sanciones económicas que podrían alcanzar hasta 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada servicio realizado. Además, el esquema permitiría acumular multas por cada viaje, lo que podría derivar en cifras millonarias para conductores e incluso para usuarios. Este escenario encendió las alertas entre empresas tecnológicas, gremios de plataformas y asociaciones de conductores.
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De acuerdo con cifras del sector, más de 1,2 millones de cuentas de conductores obtienen ingresos mediante estas plataformas, mientras cerca de 21 millones de usuarios utilizan estos servicios de manera recurrente en Colombia. Por ello, los críticos advirtieron posibles impactos negativos sobre el empleo, la movilidad urbana y el crecimiento de la economía digital.
Ante la presión pública, el Ejecutivo optó por retirar el proyecto para realizar ajustes al articulado. Luis Gabriel Serna, jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Transporte, explicó que la decisión busca aclarar el contenido del texto y alinearlo con los acuerdos construidos en las mesas de trabajo con los gremios de carga.
El proyecto también contemplaba la inmovilización de vehículos que prestaraan servicio a Uber o DiDi y eventuales medidas contra las plataformas digitales, lo que varios sectores calificaron como excesivo. No obstante, el Gobierno reiteró que su objetivo se centra en combatir el transporte ilegal sin afectar la movilidad digital ni generar distorsiones económicas.