Procuraduría reabre procesos disciplinarios por fiesta de cabecillas en la cárcel de Itagüí
La Procuraduría General de la Nación tomó una decisión radical para blindar la legalidad en el proceso del escándalo de la cárcel de Itagüí. El organismo de control declaró la nulidad de las actuaciones previas tras detectar fallas críticas en el auto de apertura original. Esta medida busca prevenir futuras tutelas por violación al debido proceso y asegurar un juicio disciplinario sólido contra los responsables del reciente festejo irregular.
Inmediatamente después del saneamiento, el Ministerio Público reabrió el expediente y vinculó formalmente a Fabián Leandro León Rodríguez, subdirector y director encargado del penal. La entidad investiga a León por la presunta comisión de falsedad ideológica en documento público. Con esta nueva incorporación, la lista de implicados asciende a 12 funcionarios públicos.
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Como medida cautelar, la Procuraduría ordenó la suspensión provisional de todo el grupo por un periodo de tres meses. Esta sanción rige sin derecho a remuneración e incluye a siete dragoneantes, un intendente, un inspector jefe y tres tenientes. La autoridad busca evitar que los investigados interfieran con el recaudo de pruebas o repitan las conductas señaladas dentro del centro penitenciario.
Por otro lado, el ente disciplinario compulsó copias contra el director titular, Édgar Iván Pérez Ortega. La investigación determinará su responsabilidad en el manejo informal de los turnos de guardia, práctica que habría facilitado el descontrol interno. Finalmente, los investigadores analizarán los libros de registro y las cámaras de seguridad para individualizar las faltas cometidas durante la celebración.
