La Paz Total no va más en Medellín: Abelardo de la Espriella firmó la resolución que da por concluida la negociación con bandas criminales
El Gobierno de Abelardo De la Espriella puso fin a la mesa de diálogo con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, en una nueva decisión que modifica la estrategia de negociación heredada de la llamada ‘paz total’.
La determinación quedó establecida mediante la Resolución 369 de 2026, que derogó las disposiciones anteriores que permitían el funcionamiento de este espacio sociojurídico con las organizaciones criminales de la región.
Leer también: Mesa de paz urbana en el Valle de Aburrá se retoma con una promesa compleja: frenar venta de tusi en los barrios de Medellín
La mesa comenzó formalmente en 2023 y reunió a representantes de varias de las principales estructuras delincuenciales con presencia en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá. Entre ellas estuvieron La Oficina, Los Chatas, El Mesa, Pachelly y Los Triana, además de otros grupos y combos que operan en diferentes sectores del territorio.
De la Espriella nunca le creyó a la mesa
Sin embargo, el Gobierno decidió cerrar este mecanismo de diálogo. El presidente De la Espriella ha reiterado que durante su administración no continuarán las mesas que, según su posición, no entreguen resultados concretos frente a la seguridad y la desarticulación de las estructuras criminales.
Además, la decisión se conoce pocos días después del traslado de 104 internos de la cárcel La Paz de Itagüí, entre ellos 17 integrantes de la denominada mesa de paz urbana que permanecían recluidos en ese centro penitenciario.
Ahora, el cierre de la mesa genera expectativa en Medellín y los demás municipios del área metropolitana. Precisamente, uno de los principales temores apunta a que la ruptura de los acuerdos pueda aumentar las disputas entre organizaciones criminales por el control territorial y las rentas ilegales.
En ese sentido, las autoridades tendrán que mantener especial atención sobre posibles retaliaciones, ajustes de cuentas y variaciones en los indicadores de homicidio.
Con esta decisión, el Gobierno nacional marca distancia frente al modelo de negociación que durante los últimos años buscó reducir la violencia mediante acuerdos con las estructuras criminales del Valle de Aburrá.
