EPM pide revisar el nuevo marco tarifario de acueducto
El Grupo EPM destacó los avances del nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado, pero pidió revisar algunos de sus componentes para proteger a los usuarios y garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidió la nueva metodología mediante la Resolución CRA 1032 de 2026, aplicable a los grandes prestadores del país. El esquema ya entró en vigencia y establece las condiciones para calcular las tarifas de acueducto y alcantarillado en Colombia.
Según EPM, la regulación incorpora criterios de eficiencia, calidad y desempeño, además de reconocer los costos e inversiones asociados con una gestión eficiente. La metodología también busca reducir la posibilidad de trasladar a los usuarios costos derivados de ineficiencias operativas.
Sin embargo, el Grupo EPM considera necesario realizar un análisis técnico de algunos componentes para encontrar un equilibrio entre los incentivos regulatorios, la protección de los usuarios, la calidad del servicio y la capacidad de las empresas para mantener las inversiones que requieren los territorios.
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Posibles cambios en las tarifas
Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con el comportamiento de las tarifas durante los primeros años de aplicación. De acuerdo con EPM, la metodología podría generar incrementos significativos en las facturas medias durante el primer año debido a la recuperación de inversiones ejecutadas y todavía no remuneradas.
La empresa señala que, posteriormente, las tarifas podrían disminuir de manera importante. Esta dinámica plantea un desafío para equilibrar la protección de los usuarios con la necesidad de que las compañías dispongan de recursos suficientes para operar, mantener y ampliar la infraestructura.
Otro cambio estructural tiene que ver con el reconocimiento de las inversiones. El esquema anterior permitía incorporar en las tarifas inversiones proyectadas, mientras que la nueva metodología reconoce las inversiones una vez que las empresas las ejecutan y ponen en operación.
Para EPM, este cambio implica que las compañías deben contar previamente con recursos para financiar obras de ampliación, reposición y modernización. La situación podría representar un mayor desafío para empresas con menor capacidad financiera y afectar la continuidad de las inversiones necesarias frente al crecimiento de los territorios.
EPM advierte sobre remuneración y pérdidas de agua
El Grupo EPM también señaló como preocupación la reducción de las tasas de remuneración de las inversiones reconocidas por la regulación. Según la empresa, esta situación puede afectar la recuperación de los recursos destinados a infraestructura y comprometer la sostenibilidad financiera de largo plazo de las compañías del sector.
Otro aspecto corresponde a las metas relacionadas con las pérdidas de agua. EPM considera que algunos indicadores podrían no reflejar las condiciones particulares de cada territorio, especialmente en zonas donde las pérdidas tienen relación con fenómenos sociales y urbanísticos como el crecimiento de asentamientos informales.
Ante este panorama, el Grupo EPM, junto con organizaciones gremiales y otras empresas del sector, impulsa espacios de diálogo técnico e institucional para revisar algunos componentes de la regulación. La compañía también acompaña las acciones institucionales y jurídicas orientadas a evaluar sus efectos y promover eventuales ajustes.
EPM pide equilibrio entre usuarios e inversiones
Humberto Iglesias, gerente general de EPM y líder del Grupo EPM (e), señaló que el propósito consiste en mantener las garantías para los clientes y los avances regulatorios en eficiencia y calidad, mientras se preservan las condiciones financieras necesarias para que las empresas puedan continuar operando e invirtiendo.
La discusión sobre el nuevo marco tarifario queda así centrada en encontrar un equilibrio entre tarifas eficientes para los usuarios, calidad del servicio y recursos suficientes para garantizar las inversiones que requiere la infraestructura de acueducto y alcantarillado.
