Miguel Quintero, hermano mayor del exalcalde Daniel Quintero, irá a prisión domiciliaria por caso de corrupción en el AMVA
Miguel Quintero Calle, hermano mayor del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, cumplirá medida de aseguramiento en prisión domiciliaria dentro del proceso que se adelanta por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
La decisión la tomó este viernes por el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías. En la misma audiencia, el juez determinó que Sebastián Ortega Urán continuará el proceso penal en libertad.
Durante la diligencia, el juez señaló que encontró una “inferencia razonable” de responsabilidad frente a los delitos atribuidos a Quintero y Ortega, con base en los elementos presentados por la Fiscalía. Sin embargo, estableció diferencias frente a la participación que habría tenido cada uno y a la necesidad de imponerles una medida restrictiva de la libertad.
Delitos imputados
A Quintero lo imputaron por los delitos de presunto interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, mientras que a Ortega le atribuyeron este último delito. A ambos los vincularon al expediente relacionado con seis contratos del AMVA y Bomberos de Itagüí, cuyo valor conjunto ascendió a $17.656 millones. Según la Fiscalía, en el proceso se habría generado un detrimento superior a $2.481 millones.
La Fiscalía había solicitado que Quintero fuera enviado a un establecimiento carcelario, petición que también respaldaron la Procuraduría y el AMVA, acreditado como víctima. El juez, sin embargo, optó por la detención domiciliaria.
Tras conocerse la decisión, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó públicamente que Quintero cumpla la medida en su vivienda y afirmó que dentro del proceso se han advertido riesgos relacionados con testigos y una eventual obstrucción de la justicia.
El proceso penal continuará mientras la Fiscalía y las demás partes avanzan en la presentación y controversia de las pruebas. La decisión sobre la medida de aseguramiento no constituye una sentencia ni determina la responsabilidad penal definitiva de los procesados.
