A SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y EXDIRECTORA DE BUEN COMIENZO, LES DIERON CASA POR CÁRCEL
La jueza 39 municipal de Control de Garantías de Medellín le dictó medida de detención domiciliaria a la secretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo, y a la exdirectora de Buen Comienzo, Lina María Gil, señaladas de cometer irregularidades en el proceso de contratación del programa de alimentación en 2020.
Henry Paulison Gómez, representante para ese momento de la corporación Colombia Avanza, recibirá el proceso en libertad por determinación de la jueza, aunque continuará vinculado al proceso ante las irregularidades en la contratación de la entidad a la cual representaba.
La Fiscalía les imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, tentativa de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Según el ente investigador, el proceso está relacionado con presuntas irregularidades en dos contratos que ascendieron en valor a los 27.000 millones de pesos, y cuyo objeto era garantizar la atención educativa y alimentaria de niños y niñas de 0 a 5 años, y para proveer mercados a madres gestantes y/o lactantes de Medellín.
De acuerdo con la Fiscalía, las servidoras no habrían cumplido con los requisitos objetivos de transparencia, economía e imparcialidad para suscribir con Gómez Montoya los mencionados convenios. Según la investigación , se habrían cambiado la modalidad de contratación para favorecer a Colombia Avanza, conscientes de que la empresa carecía de idoneidad y experiencia.
El primero de los contratos investigados se firmó en marzo de 2020, por un valor inicial superior a los 16.000 millones de pesos. Luego recibió una adición por 4.731 millones de pesos.
De igual manera se determinó que mientras se ejecutaba el primero de los convenios, al parecer, le entregaron a Colombia Avanza otro contrato por más de 7.000 millones de pesos.
Este último convenio se firmó como parte de la urgencia manifiesta declarada por la Alcaldía de Medellín para atender la emergencia alimentaria derivada por la pandemia del COVID-19.
En este contrato tambien se investigan posibles sobrecostos en la adquisición de algunos alimentos por 830 millones de pesos.
Por estos hechos, el juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia a las dos servidoras. De otra parte, se abstuvo de imponer medida a Henry Paulison Gómez Montoya.
