Quintero y las excusas de sus aliados para el proceso por el escándalo de Aguas Vivas
Cero y van dos. Como si se tratara de una estrategia para dilatar el proceso, la audencia contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y varios de sus exfuncionarios por la irregularidad en el avaluó del lote de Aguas Vivas, en El Poblado, la aplazaron por segunda vez. Argumentos como que uno de los procesados debía ir a unos grados o que el abogado de otro no podía ir a esa audiencia se han usado para ir aplazando una y otra vez el proceso judicial.
La nueva excusa para este caso la tiró el exsecretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya Serna, quien aseguró que su abogado, Jhohesiash Ben Emmanuel Goldstein Summers, tenía audiencias todos los días, hasta el 10 de abril, en un juzgado de La Ceja, Oriente antioqueño, por lo que no podía cumplir con este proceso judicial.
Los aplazamientos
La anterior audiencia contra Quintero y 12 exfuncionarios que se postergó, que era el 21 de marzo, se debió a que el exsecretario General de Medellín, Fabio Andrés García, tenía, justo ese día, la ceremonia de los grados de su maestría y una diligencia ante la Corte Suprema de Justicia.
Todo esto sumado a la primera petición del exalcalde Daniel Quintero, quien adujo para la primera audencia que necesitaba garantías judiciales para llevar su proceso, sustentándolo en que debían trasladar su expendiente a la Fiscalía de Bogotá, lo que hasta el momento no ocurre. Todo porque allí ha trasladado su narrativa de una persecución contra su aspiración presidencial.
De hecho, tras el nuevo aplazamiento, como si se tratara de lavar las manos, Quintero publicó en sus redes sociales: «Pido a los jueces que no aplacen mi audiencia de imputación. Si algún otro abogado (de los 12 que hay) presenta una excusa como ocurrió hoy, que se avance con la mía».
El juzgado ya dio una nueva fecha: martes 8 de abril, a las 2:10 de la tarde, tiempo suficiente para que alguno de los imputados invente una nueva excusa para lograr aplazarla nuevamente o que los jueces tomen determinaciones para llevar el proceso a cabo, más allá de las jugarretas legales que buscan alargar el proceso.
