La resolución del Gobierno Petro que tiene caldeados los ánimos en el Suroeste antioqueño

La resolución del Gobierno Petro que tiene caldeados los ánimos en el Suroeste antioqueño
  • Publishedenero 14, 2025

La resolución 0377 del 26 de diciembre del año pasado, que le da vía a las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA), que comenzaría a implementarse en el Suroeste antioqueño, tiene caldeados los ánimos en los 23 municipios de esta subregión, teniendo en cuenta que se utilizarían 250.000 hectáreas para esta finalidad, sin importar si se afectan otros proyectos económicos que se estén ejecutando en la zona.

En estos sectores se priorizaría la cosecha de 49 alimentos en esta subregión y su objetivo sería implementarlo en sectores donde se ejerce la minería, en todas sus modalidades, aunque la norma no lo dice literalmente, da visos de que así sería, golpeando uno de los principales sectores económicos que da empleo, no solo por la explotación de oro, sino de carbón, piedra y otros minerales clave para la industria del país.

Las voces

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, alzó su voz en contra de esta resolución, manifestando que “es una usurpación del Gobierno Nacional a las autoridades locales, en su lucha ideológica por oponerse al desarrollo de la minería. Con el espejismo de regular el subsuelo, que es competencia de la Nación, se están metiendo en cosas que no son de su resorte”.

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Otro de los que se mostró inconforme con esta decisión, pese su defensa férrea del medio ambiente, el senador Nicolás Albeiro Echeverry, expresó que «la restricción de actividades económicas como la minería, el turismo y la ganadería en estas zonas puede generar pérdidas económicas significativas y desempleo en la región. Es fundamental realizar estudios técnicos que evalúen el impacto socioeconómico de estas medidas antes de su implementación».

Desde varios sectores políticos anunciaron que demandarán esta decisión del implementar la ZPPA y buscarán que no entre en vigencia hasta tanto la Corte Constitucional y demás instancias tengan un fallo definitivo sobre una ley que podría quebrar al Suroeste antioqueño.