Revelan plan para asesinar al alcalde de Medellín y líderes políticos
La ciudad de Medellín atraviesa un momento de máxima tensión tras conocerse la denuncia de la concejal Claudia Carrasquilla, quien aseguró que ella, el alcalde Federico Gutiérrez, el concejal Andrés Tobón y el secretario de Seguridad Manuel Villa son objetivo de un plan de asesinato. Según la información revelada, se habría pagado ocho millones de dólares para ejecutar los atentados, con participación de los Frentes 18 y 36 de las disidencias de las FARC y de la Oficina de Envigado, bajo el mando de alias Douglas y alias EPCB.
La advertencia llegó a través de una fuente de alta credibilidad, confirmada por la Fiscalía General de la Nación desde la cárcel de Cómbita. De acuerdo con Carrasquilla, los atentados serían ejecutados mediante artefactos explosivos y emboscadas, aprovechando la presencia de los funcionarios en actividades comunitarias.
Métodos, alianzas criminales y alcance nacional
Carrasquilla afirmó que este plan no es un hecho aislado, sino parte de una alianza más amplia que incluiría a otros grupos como la “Oficina del 12” y el GDO de Córdoba. El propósito sería eliminar figuras que han sido críticas con las negociaciones de “paz urbana” promovidas por el Gobierno Nacional. “No es oposición política, es decir la verdad sobre lo que está ocurriendo en Medellín y Colombia”, subrayó.
La concejal recordó que en la lista de amenazados también figuran otros precandidatos presidenciales y el expresidente Álvaro Uribe, lo que, en su opinión, configura un ataque frontal contra la democracia. Mencionó además que la situación se vuelve más preocupante al producirse apenas un día después de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado atribuido a las disidencias de las FARC.
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“No retrocederemos un milímetro”: la respuesta de Andrés Tobón
El concejal Andrés Tobón respaldó las denuncias y fue más allá: calificó la situación como una consecuencia directa de la “mal llamada paz total”, la cual, según dijo, ha dado poder político y margen de maniobra a las organizaciones criminales. “Cuando se les permite participar en negociaciones sin transparencia y sin marco jurídico claro, lo que hacen es fortalecer sus redes y atacar a sus adversarios”, señaló.
Tobón explicó que la información sobre los autores materiales e intermediarios de este plan ya está en manos de la Fiscalía, incluyendo alias identificados como Andrea Grande y Gafas. Reiteró que no cederán ante la intimidación: “Pueden seguir amenazando, pero no nos van a callar. Defenderemos la justicia y la democracia”.
Nueva alerta: guerrilla urbana en Medellín
En paralelo, el dirigente político Andrés Rodríguez, conocido como “El Gury”, denunció que también es blanco de amenazas, esta vez provenientes de grupos guerrilleros urbanos asociados al Frente 36. Según sus declaraciones, estas células operarían desde universidades públicas como la Nacional y la de Antioquia, donde han reclutado y organizado manifestaciones violentas.
Rodríguez aseguró que estos grupos fueron responsables de la instalación de un artefacto explosivo en el sector de Buenos Aires y que, además, circulan panfletos en los que él y el expresidente Álvaro Uribe aparecen como “enemigos del pueblo”. “Se está reconfigurando la guerrilla urbana en Medellín y el país debe estar alerta”, advirtió.
Fiscalía en alerta y dudas sobre la protección
Las denuncias fueron formalmente radicadas ante la Fiscalía General de la Nación y se solicitaron refuerzos de seguridad a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, los denunciantes recordaron con preocupación el caso del senador Miguel Uribe Turbay, quien, según sus allegados, solicitó reforzar su esquema de seguridad en 25 ocasiones sin recibir respuesta.
La investigación busca establecer el alcance de la alianza entre las disidencias de las FARC y las estructuras de la Oficina de Envigado, así como su posible influencia en las elecciones de 2026. Entre tanto, la ciudadanía y los líderes políticos esperan que el Estado actúe con celeridad para neutralizar lo que describen como una amenaza letal contra la democracia y la institucionalidad en Medellín y Colombia.
