Descubren millonario robo en red de gas que abastecía a empresa en San Cristóbal, Medellín
Un presunto robo millonario de gas natural salió a la luz en el corregimiento de San Cristóbal, luego de una inspección técnica que permitió descubrir una conexión ilegal en una empresa industrial de la zona. El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de defraudación de fluidos, tipificado en el Código Penal colombiano.
El hallazgo se produjo durante un control rutinario a la red de distribución de gas natural, en inmediaciones de la calle 62B con carrera 143A. Durante la verificación, personal técnico identificó una derivación clandestina conectada directamente a la red de media presión.
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Según la revisión, la empresa dedicada al tratamiento de material plástico reciclado contaba con un contrato formal de servicio y un gabinete de gas natural. Sin embargo, parte de su proceso productivo operaba mediante una conexión ilegal que no registraba consumo ni generaba facturación, lo que habría permitido el uso irregular del combustible durante un periodo prolongado.
Además del impacto económico, la manipulación indebida de la infraestructura representó un riesgo significativo para la comunidad y para la estabilidad de la red. Por esta razón, el operativo priorizó la identificación y normalización de la conexión irregular con el fin de prevenir emergencias.
Millonarias pérdidas
Durante la inspección también se detectaron conexiones que incumplían la normativa técnica vigente, lo que incrementaba el riesgo de fugas o explosiones por el robo del gas. Asimismo, los técnicos evidenciaron la socavación de un talud cercano a una quebrada, tanto dentro como fuera de la empresa, situación que podría generar un colapso estructural, agravado por el tránsito constante de vehículos de carga pesada.
De acuerdo con una estimación preliminar, el volumen anual no facturado alcanzaría los 150.000 metros cúbicos de gas natural, lo que equivaldría a una afectación económica cercana a los 450 millones de pesos. Las autoridades avanzan ahora en las investigaciones para establecer responsabilidades penales y administrativas.