PROCURADURÍA INVESTIGARÁ AL EJÉRCITO Y POLICÍA POR SECUESTRO DE FISCALES EN TARAZÁ

Tras conocerse las graves denuncias hechas por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en las que advirtió que 3 funcionarios de esa entidad fueron secuestrados por grupos armados ilegales que operan en el bajo cauca antioqueño, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, designó a la Delegada para la Fuerza Pública para que asuma una investigación disciplinaria de las denuncias hechas por la Fiscalía, en las que precisa que los funcionarios secuestrados pasaron por varios puestos de control del ejército y la policía.

“Los pasaron por tres puestos de control del Ejército y de la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona”, señaló Barbosa.

Igualmente, la Jefe del órgano de control ordenó a la Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales constituir una agencia especial para intervenir en el proceso penal abierto por esos hechos ocurridos el pasado 3 de febrero a la altura de Valdivia, cuando se desplazaban por la vía que une a ese municipio con Medellín.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le hizo un llamado a la Fiscalía para que continue operando desde las zonas donde operan grupos armados ilegales, pues ante este secuestro, la Fiscalía anunció que sus funcionarios del Bajo Cauca, operarán desde la capital antioqueña.

“Esta circunstancia, pone en riesgo no solamente a los funcionarios que debieron abandonar el territorio, sino a todos los ciudadanos, por cuanto la Fiscalía es el motor de las investigaciones frente a hechos criminales y la información que reposa en sus oficinas es vital para luchar contra la delincuencia y la criminalidad en el país”, aseguró Carlos Camargo Assis.

“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que fortalezca la presencia institucional y las actividades que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos, y de manera especial de los funcionarios públicos que trabajan en los territorios donde las acciones de los grupos armados ilegales generan temor en las comunidades”, agregó.

Finalmente, el Defensor del Pueblo les recordó a los grupos armados ilegales que deben mantener por fuera de sus acciones armadas a la población civil