La «potencia mundial de la vida» anunció que permitirá la eutanasia de 80 hipopótamos en el Magdalena Medio
La eutanasia de hipopótamos en Colombia volvió a encender el debate ambiental y ético, tras la formalización de un protocolo del Gobierno nacional para controlar la expansión de esta especie invasora, descendiente de los ejemplares introducidos en los años ochenta por el narcotraficante Pablo Escobar.
El Ministerio de Ambiente autorizó la intervención de cerca de 80 animales durante el segundo semestre del año, en una medida que busca frenar el crecimiento de una población que ya supera los 160 individuos y que podría alcanzar los 500 en 2030 si no se toman acciones.
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El protocolo establece procedimientos de eutanasia química y física, bajo criterios veterinarios que priorizan una muerte rápida y sin sufrimiento. No obstante, también contempla alternativas como la esterilización y la reubicación internacional, aunque esta última no ha tenido avances recientes por falta de países receptores.
La decisión ha generado reacciones encontradas. En zonas como Puerto Triunfo, donde se ubica la antigua Hacienda Nápoles, la presencia de estos animales se ha convertido en atractivo turístico, pero también en fuente de preocupación por los riesgos ambientales y de seguridad.
Desde el ámbito político, la senadora Andrea Padilla cuestionó la medida al considerar que implica sacrificar animales sanos, e insistió en fortalecer alternativas no letales.
Críticas internacionales
A nivel internacional, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México rechazó la decisión y aseguró que desde 2023 propuso un plan viable para trasladar al menos 70 hipopótamos a India y México. Su presidente, Ernesto Zazueta, calificó la iniciativa como una “matanza” y pidió reconsiderar la medida.
Las autoridades colombianas, por su parte, advierten que la falta de control podría agravar el impacto sobre ecosistemas del Magdalena Medio y especies nativas, además de aumentar los riesgos para las comunidades.
El Gobierno destinará hasta 1,7 millones de dólares para ejecutar el plan, que incluye lineamientos para la disposición final de los animales, ya sea mediante entierro controlado o incineración.
Mientras avanza la implementación, el país enfrenta un complejo dilema entre la protección ambiental, el bienestar animal y la viabilidad de alternativas para manejar una de las poblaciones de fauna invasora más inusuales del mundo.
