Mina ilegal del Clan del Golfo operó a pocos metros de base militar en el Bajo Cauca antioqueño
Un reportaje del diario estadounidense The New York Times reveló que la mina de oro ilegal conocida como La Mandinga, controlada por el Clan del Golfo, no solo operaba cerca de una base del Ejército en Antioquia, sino que llegó a instalarse dentro de su perímetro.
La investigación documentó, mediante visitas en terreno y registros con drones, cómo decenas de trabajadores realizaban explotación minera a cielo abierto utilizando mangueras de alta presión, generando una grave transformación ambiental con zonas de lodo, pozos y agua contaminada.
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La mina La Mandinga colinda con el Batallón de Infantería Aerotransportado N.° 31 Rifles, ubicado en Caucasia, una zona estratégica del Bajo Cauca antioqueño. Las imágenes muestran áreas intervenidas que corresponderían a terrenos del Ejército, mientras el ruido constante de maquinaria era perceptible desde la base militar.
Inicialmente, el entonces comandante del batallón, el coronel Daniel Echeverry, negó que la actividad ilegal ocurriera dentro del perímetro militar. Sin embargo, tras recorrer la zona con los periodistas, reconoció que la explotación sí se desarrollaba en predios del Ministerio de Defensa.
Durante la inspección, soldados destruyeron equipos utilizados por los mineros, lo que provocó un enfrentamiento. Algunos trabajadores reaccionaron con machetes y piedras, lo que obligó a la tropa a retirarse ante el riesgo de una escalada violenta.
Dinero para el Clan del Golfo
El reportaje también advierte que esta actividad ilegal alimenta las finanzas del Clan del Golfo, ya que los mineros pagan cuotas para operar. Estos recursos se destinan al sostenimiento del grupo armado y la compra de armamento.
Además, la investigación señala que parte del oro extraído ilegalmente habría ingresado a cadenas de suministro internacionales, llegando incluso a la Casa de la Moneda de Estados Unidos, pese a restricciones legales que prohíben el uso de oro extranjero.
El caso generó reacciones del Gobierno. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó una investigación inmediata y aseguró que se aplicarán sanciones si se comprueban omisiones o irregularidades dentro de la Fuerza Pública.
El episodio pone en evidencia los retos del Estado colombiano para controlar economías ilegales que logran expandirse incluso en zonas con presencia militar permanente.
