Condenados a más de 50 años dos torturadores de mujeres en Medellín
María Paula Sierra Alba y Miguel Ángel Botero Mosquera fueron condenados a más de 50 años de prisión por su responsabilidad en el secuestro, tortura y hurto a ocho mujeres en Medellín. El fallo fue emitido por un juez del Circuito Especializado de la ciudad, tras comprobarse su participación en hechos de extrema violencia cometidos entre diciembre de 2023 y abril de 2024.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los condenados hacían parte de una organización criminal que contactaba a mujeres por redes sociales para ofrecerles trabajos como masajistas o damas de compañía. Al llegar a los inmuebles donde supuestamente debían prestar el servicio, las víctimas eran amarradas, desnudadas, golpeadas y brutalmente torturadas para obligarlas a entregar las claves de sus celulares, cuentas bancarias y billeteras digitales.
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Las escenas descritas por los investigadores son estremecedoras: una de las mujeres fue quemada con una plancha en sus partes íntimas, otras fueron agredidas con cuchillos, rociadas con alcohol y quemadas con parafina caliente. Los agresores subían el volumen de los equipos de sonido y apagaban las luces para evitar que los gritos alertaran a vecinos o transeúntes. En total, se habrían apropiado de más de 80 millones de pesos en efectivo, joyas y otros bienes personales.
El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, recordó que estos casos fueron priorizados por las autoridades desde 2023. “Cuando anunciamos sus capturas en agosto del año pasado, lo dijimos con claridad: quienes cometen estos crímenes atroces no quedarán impunes. Hoy, gracias al trabajo de investigación y a la contundencia judicial, la ciudad recibe una respuesta ejemplarizante”, afirmó.
Además de Sierra Alba y Botero Mosquera, quienes recibieron penas de 53 años y 50 años y 3 meses respectivamente, otros tres integrantes de la banda —Santiago Úsuga Montoya, David Alonso García Restrepo y William Samuel Suárez Rubiano— ya habían sido condenados mediante preacuerdos a penas entre 29 y 32 años de cárcel. La defensa de los principales sentenciados apeló la decisión ante el Tribunal Superior de Medellín.
