El impuesto de seguridad de Antioquia lo aprobó la Asamblea, pero el alcalde Gutiérrez no dejarán que saquen la plata de EPM
La Asamblea de Antioquia aprobó este miércoles la imposición de una tasa a la seguridad en el departamento, luego de una votación de 14 a favor, 10 en contra y dos abstenciones. Aunque la idea es cobrarlo mediante la cuenta de servicios públicos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que impedirá que se haga mediante esta modalidad.
Con este impuesto, que se cobraría a los estratos más altos y a algunas empresas, con el fin de recaudar 1.2 billones de pesos durante este cuatrienio para implementar diversas estrategias de seguridad en los 125 municipios de Antioquia, algo que generó críticas desde el comienzo del sector empresarial y desde el mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
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“No estoy de acuerdo con nuevos impuestos o tasas a ciudadanos y empresas. No estoy de acuerdo con que se afecte la tarifa de energía a través de la cuenta de servicios públicos. Como alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM no permitiré que se haga dicho cobro a través de la cuenta de servicios públicos”, aseguró el mandatario distrital a través de sus redes sociales antes de que iniciara el debate en la Asamblea.
Sin embargo, el gobernador de Antioquia, al conocer el apoyo de la mayoría de los diputados, manifestó que «cada peso de la contribución a la seguridad lo invertiremos en la dignidad y operatividad de nuestros Soldados y Policías. También en convivencia para cambiarles la cara a la placas deportivas, hoy muchas en abandono y tomadas por el hampa. Seguridad para generar empleo, seguridad para la inversión y seguridad para la libertad».
EPM dijo que no es viable lo aprobado en la Asamblea
No obstante, además de la oposición del alcalde de Medellín y de gremios de empresarios como Fenalco, desde EPM asegurarón que la imposición de esta tasa sea viable desde lo legal por las posibles reclamaciones por parte de los usuarios.
“Entre los posibles riesgos legales y normativos asociados a la implementación del recaudo se encuentra la vulneración del principio de legalidad tributaria, lo cual podría derivar a su vez en la nulidad de la disposición que lo adopte. Además, esta situación podría generar inseguridad jurídica tanto para EPM como para los usuarios, conllevando conflictos legales, reclamaciones frente a su inclusión en la factura de servicios públicos domiciliarios e investigaciones administrativas a EPM por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios», dijo el gerente de EPM, John Maya.